La mano derecha de Patricia Bullrich apunta a restarle poder económico a los gremios
El candidato a diputado nacional Gerardo Milman impulsa un proyecto para defender la libertad sindical y busca derogar los «aportes solidarios» que se le imponen a los trabajadores no afiliados a los sindicatos. Apunta claramente a uno de los elementos de recaudación de los gremios.
El candidato a diputado nacional de Juntos, Gerardo Milman, impulsa un proyecto que apunta a defender la libertad sindical y derogar el aporte obligatorio de los empleados a los sindicatos. Bien coherente con su jefa política Patricia Bullrich, plantea ir contra los privilegios y la caja de los poderosos gremios enrolados en la CGT, una vieja bandera de la presidenta del PRO cuando se enfrentó con Hugo Moyano siendo ministra de Trabajo de la administración de la Alianza.
Concretamente la iniciativa de Milman tiene por objeto derogar los llamados “aportes solidarios” que se establecen en las Convenciones Colectivas e imponen aportes obligatorios a los trabajadores no afiliados al sindicato. La justificación de estas cláusulas ha sido que los logros obtenidos por el sindicato se extienden a éstos que se “benefician de sus gestiones”
Sin embargo, dice el exviceministro de Seguridad que violan el principio de libertad sindical, en su faz individual-negativa. El principio consiste en el derecho que tiene todo trabajador de afiliarse, constituir o formar sindicatos (libertad sindical individual-positiva), o de no afiliarse o desafiliarse de un sindicato (libertad sindical individual-negativa).
Implica no sólo el derecho a afiliarse o no afiliarse, sino también el derecho a solventar económicamente con dinero al sindicato al cual el trabajador eligió afiliarse, o a no solventarlo si el trabajador no está afiliado. No se garantiza el derecho a la libertad sindical al aceptar que se obligue a un trabajador no afiliado a tener que solventarlo y mantenerlo económicamente. “No te afilies si no querés, pero igual pagá, es la trampa arbitraria del mundo sindical del peronismo”, sostiene.
“Estamos frente a una especie de afiliación indirecta obligatoria que además vulnera el derecho de propiedad de los trabajadores no afiliados, ya terceros están disponiendo sobre su patrimonio sin su expreso consentimiento. Como será, que, aunque la ley las permita su validez está supeditada judicialmente a una serie de requisitos: que el aporte tenga objeto determinado, que no sea igual al importe de la cuota de afiliación, que tenga limitación en el tiempo; y que no sea de carácter permanente o de trato sucesivo o continuado”, agrega el candidato a diputado nacional.
Sin embargo, precisa que “son pocas las veces que el Ministerio de Trabajo controla si los sindicatos cumplen o no con el destino los fondos; y la condición del tiempo de duración en la práctica no se cumple. Los convenios tienen generalmente una duración de un año, de modo que cuando se renuevan, por lo general al año, también se renueva la cláusula de solidaridad sometiendo así de manera permanente a los no afiliados a un descuento al que no pueden renunciar u oponerse”.
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