«Legislaciones más modernas», el Gobierno apunta a crear un Código de Defensa al Consumidor

El proyecto de ley ya fue recibido por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

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El Gobierno buscará crear un Código de Defensa del Consumidor nacional mediante un proyecto de ley que ya fue recibido por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

El texto terminó de acordar la comisión redactora y el consejo consultivo de la “Comisión Reformadora de la Ley de Defensa del Consumidor” con el objetivo de actualizar la Ley 24.240, promulgada en 1993, que protege a los usuarios.

Desde la Comisión indican que el texto del anteproyecto del Código de Defensa del Consumidor promueve un cuerpo normativo “a la altura de las legislaciones más modernas”. A la entrega del proyecto asistieron los doctores: Fernando Blanco Muiño, Carlos A. Hernández, Ramon Daniel Pizarro, Gabriel Stiglitz, Javier Wajntraub, José Sahian, Elena Nolasco Highton, Sandra Frustagli y Roberto Vázquez Ferreira.

La reforma de la ley de Defensa del Consumidor apunta a modernizar el marco normativo para la protección de usuarios y consumidores, dado los cambios que hubo entre la sanción de la ley, en 1993, hasta la actualidad.

Qué dice la ley de Defensa del Consumidor que Javier Milei apunta a actualizar

La ley 24.240 de Defensa del Consumidor, promulgada en 1993, regula la relación de quien compra un producto o contrata un servicio respecto de aquellos que los venden y establece cuáles son derechos y las obligaciones de ambas partes.

A partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, el artículo 42 dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.

También tienen derecho a que les sea brindada información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Este reconocimiento obliga a las autoridades a garantizar la protección de esos derechos, y, del mismo modo, a brindar educación para el consumo.

El Estado también se encuentra obligado a arbitrar una correcta defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. A su vez, debe controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a promover la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Con información de TN

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