El Gobierno desreguló las cuotas de colegios privados: se podrán fijar aranceles libremente

El Ejecutivo sostiene que la intervención estatal generó «efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de las escuelas.

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Este martes, el Gobierno nacional oficializó un cambio profundo en el sistema educativo privado: mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se eliminó la regulación estatal sobre las cuotas, matrículas y aumentos en los colegios privados. A partir de ahora, los establecimientos podrán fijar sus aranceles libremente, sin necesidad de informar ni solicitar autorización previa al Estado.

La medida implica la derogación del Decreto 2417/1993, que durante más de 30 años estableció el marco de control estatal sobre los precios en la educación privada. Según el Gobierno, esa normativa “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

Entre los fundamentos del nuevo decreto, el Ejecutivo sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios. En particular, se señala que la obligación de anticipar precios “impide ajustar los valores según la realidad económica y los costos operativos”.

Además, el Gobierno argumenta que el sistema anterior “perjudicaba a las familias”, ya que los institutos tendían a fijar precios más altos al inicio del ciclo lectivo por temor a aumentos no autorizados. Esto, según el texto, “reduce las posibilidades de elección de los padres y, en algunos casos, los obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

También se invoca el derecho de propiedad de los institutos privados, afirmando que deberían tener libertad para establecer sus condiciones de contratación y salarios sin intervención estatal. La rigidez de las tarifas reguladas, advierte el decreto, “puede derivar en una pérdida de calidad educativa”.

Como parte de esta reforma, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, considerado la base del sistema de financiamiento de la educación privada, y a elevar una propuesta de actualización.

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