El Gobierno denunció penalmente a Rodolfo Aguiar por presuntas amenazas contra el orden constitucional

El Ministerio de Seguridad presentó una acusación formal contra el líder sindical de ATE.

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El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La presentación, firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, fue realizada por instrucción de la ministra Patricia Bullrich y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sergio Ramos.

El planteo judicial se basa en declaraciones públicas de Aguiar formuladas en el marco del debate por la inminente reforma laboral que impulsa el Gobierno. Según el escrito presentado, el dirigente afirmó: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Para el Ministerio de Seguridad, dichas expresiones constituyen una amenaza pública con la potencial intención de afectar el ejercicio del mandato presidencial.

Bullrich respaldó la presentación a través de sus redes sociales, donde calificó a Aguiar como “desestabilizador y golpista”, mientras que el presidente Javier Milei replicó ese mensaje. La denuncia sostiene que las declaraciones del sindicalista podrían encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, referidos a amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática.

El Ministerio subrayó además la difusión masiva de los dichos, que fueron replicados en diversos medios y plataformas digitales como Instagram, X y TikTok. Según el texto, esto refuerza el carácter público de las manifestaciones y su eventual idoneidad para constituir una amenaza.

La denuncia también destaca el rol institucional de Aguiar como representante de los trabajadores estatales y remarca que sus declaraciones resultarían “altamente reprochables” en tanto podrían afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. En ese sentido, el documento sostiene que instar a “poner en crisis” al Gobierno implicaría intentar interferir en el ejercicio de las facultades constitucionales del Presidente, entre ellas, la presentación de proyectos ante el Congreso.

El Ministerio de Seguridad solicitó al Poder Judicial la apertura de un sumario penal para investigar la posible comisión del delito denunciado y que se avance conforme a derecho para determinar si las expresiones del dirigente sindical encuadran en figuras penales.

La presentación se produce en un contexto de tensión política y sindical marcado por el debate sobre la reforma laboral y las reacciones de distintos gremios estatales. El caso reabre la discusión sobre los límites entre la protesta sindical y la protección del orden democrático, así como el alcance de las responsabilidades de los líderes gremiales en sus declaraciones públicas.

El proceso judicial quedará ahora en manos de la justicia federal, que deberá evaluar la conducta denunciada y determinar si corresponde avanzar con una causa penal.

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