Más de $11.700 millones en contratos para alimentar cárceles federales: las empresas que concentran las licitaciones

De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial, un grupo reducido de empresas concentra buena parte de esos contratos.

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El Servicio Penitenciario Federal adjudicó y preadjudicó en los últimos procesos de contratación más de $11.700 millones para el servicio de racionamiento de alimentos en las zonas Metropolitana, Sur, Noreste y Ezeiza. De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial, un grupo reducido de empresas concentra buena parte de esos contratos.

Entre las principales adjudicatarias figura State Grid Argentina, con contratos por más de $3.031 millones en la zona Metropolitana y otros $1.179 millones en la zona Sur. También aparece TUX, que obtuvo $1.825 millones en la región Sur, además de adjudicaciones por $627 millones en el Noreste y $477 millones en Ezeiza.

Por su parte, Grupo Alimentos S.A. recibió contratos por $746 millones en la zona Sur y otros $556 millones en Ezeiza. En la región Noreste también fueron adjudicatarias Compañía Proveedora de Servicios, con $1.245 millones; Codyela, con más de $874 millones; y nuevamente State Grid Argentina, con otros $1.155 millones.

Según los registros societarios, Grupo Alimentos S.A. fue constituida en 2017 con un capital social inicial de $100.000. En su conformación original, el 70% de las acciones quedó en manos de Julián Nicolás Martínez y el 30% correspondió a Jorge Damián Fernández. Años más tarde, Fernández pasó a presidir la compañía, que actualmente figura entre las principales proveedoras del Servicio Penitenciario Federal.

Los procesos licitatorios también muestran la reiterada participación de firmas como State Grid Argentina y TUX en contrataciones de otros organismos nacionales, entre ellos el Ejército Argentino, según surge de publicaciones oficiales.

La concentración de adjudicaciones en un número reducido de empresas abre interrogantes sobre el funcionamiento del mercado de provisión de alimentos para las cárceles federales. Entre las cuestiones que podrían analizarse se encuentran la estructura de competencia de las licitaciones, los mecanismos de control sobre precios y calidad del servicio, y la identidad de los beneficiarios finales de las sociedades adjudicatarias. Cualquier eventual irregularidad, sin embargo, requeriría ser acreditada mediante investigaciones administrativas o judiciales.

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