Cristina Kirchner busca revisar su condena en Vialidad y presentó nuevas pruebas

Buscan suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos con un recurso de revisión.

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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner prepara un recurso de revisión de la condena dictada en la causa Vialidad a partir de nuevos elementos que, según los abogados de la expresidenta, cuestionarían uno de los fundamentos utilizados para sostener que el Grupo Austral, perteneciente al empresario Lázaro Báez, fue beneficiado mediante fondos administrados por la Dirección Nacional de Vialidad.

El planteo fue presentado este martes durante una conferencia de prensa encabezada por el abogado Carlos Beraldi, quien estuvo acompañado por el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Los tres abogados también trabajan en la presentación del caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante el encuentro, el equipo jurídico difundió un informe elaborado por Specs Consultoría. De acuerdo con la interpretación de la defensa, el estudio señala que el Grupo Austral recibió el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por Vialidad y creado mediante el decreto 54/2009, firmado por entonces presidenta Cristina Kirchner. Según el informe, los desembolsos analizados superan los 18,6 millones de dólares.

El argumento de la defensa de Cristina Kirchner

Beraldi sostuvo que ese dato contradice uno de los fundamentos de la sentencia dictada contra la expresidenta. Según explicó, el Tribunal Oral Federal que intervino en la causa vinculó el decreto con un supuesto mecanismo destinado a beneficiar a Báez mediante el financiamiento de obras públicas.

Los abogados señalaron que el principal receptor de los fondos del fideicomiso durante el período comprendido entre 2009 y 2015 habría sido IECSA S.A., empresa que pertenecía al empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. A partir de ese dato, la defensa sostiene que la normativa cuestionada tenía alcance general y no habría sido diseñada exclusivamente para favorecer al Grupo Austral.

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El equipo jurídico anticipó además que cuenta con otros elementos que considera relevantes, aunque decidió no difundirlos por el momento. Según indicaron, parte de esa documentación será presentada ante organismos internacionales y otra ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La revisión de la condena constituye actualmente la principal estrategia de la defensa en los tribunales argentinos. Los abogados buscan que la Justicia analice los nuevos elementos y evalúe la posibilidad de suspender los efectos de la sentencia mientras se resuelve el planteo.

Beraldi afirmó que la presentación permitiría solicitar la suspensión de la condena y sostuvo que el objetivo final es revertir el fallo, recuperar la libertad de la expresidenta y permitirle retomar su actividad política. La condena incluye una pena de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, desde los tribunales federales de Comodoro Py cuestionaron el planteo y señalaron que argumentos similares ya fueron analizados y rechazados en distintas oportunidades. Un magistrado que intervino en la causa sostuvo además que el informe presentado por la defensa toma en consideración datos correspondientes al ámbito nacional, mientras que el juicio estuvo centrado en la obra pública desarrollada en la provincia de Santa Cruz.

Según esa interpretación, el expediente analizó específicamente las contrataciones vinculadas con empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, donde el empresario habría concentrado una proporción mayoritaria de las obras investigadas.

La defensa explicó que comenzó a analizar los fondos del fideicomiso a partir de la declaración de un funcionario de Vialidad que declaró como testigo en el juicio por los denominados cuadernos de las coimas. El funcionario habría aportado precisiones sobre una base de datos incorporada a ese expediente y sobre la utilización de los recursos entre 2009 y 2018.

A partir de esa información, los abogados solicitaron documentación adicional y encargaron el análisis que ahora utilizan como fundamento para intentar revisar la sentencia. El planteo deberá ser evaluado por la Justicia antes de determinar si corresponde abrir una instancia de revisión de la condena.

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