La PIA pidió reabrir la causa $LIBRA y cuestionó el sobreseimiento de Javier Milei

La causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitara dejar sin efecto los sobreseimientos.

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una apelación para revertir el cierre de la investigación que benefició al Presidente, Karina Milei y otros nueve imputados. Advirtió que todavía quedan pruebas pendientes y que existen indicios de una posible maniobra fraudulenta.

La causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitara dejar sin efecto los sobreseimientos dictados a favor de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una apelación para revertir el cierre de la investigación que benefició al Presidente, Karina Milei y otros nueve imputados. Advirtió que todavía quedan pruebas pendientes y que existen indicios de una posible maniobra fraudulenta.

La causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitara dejar sin efecto los sobreseimientos dictados a favor de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados. El organismo, encabezado por el fiscal anticorrupción Sergio Rodríguez, cuestionó la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y presentó un recurso de apelación en subsidio para evitar el cierre definitivo del expediente.

La resolución impugnada fue firmada el 23 de octubre, después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara desvincular a los acusados al considerar que los hechos denunciados no constituían un delito. Sin embargo, la PIA sostuvo que el magistrado tomó una decisión apresurada, sin agotar las medidas de prueba y sin realizar una evaluación integral de los elementos incorporados a la investigación.

Las pruebas pendientes y el cuestionamiento al fallo

Uno de los principales argumentos del organismo apunta a que todavía existen peritajes financieros y tecnológicos sin completar. Según Rodríguez, algunos estudios de trazabilidad de los fondos no pudieron avanzar por falta de licencias informáticas en dependencias del Ministerio Público Fiscal. También cuestionó que no se buscaran alternativas para finalizar esas tareas.

La presentación advirtió que tampoco se agotaron las medidas vinculadas con la cooperación internacional. Estados Unidos había solicitado mayores precisiones para responder un pedido de asistencia jurídica, información que depende de pericias locales todavía pendientes, entre ellas el análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Además, reclamó que se cite a declarar a Nadia Beller, quien no fue consultada específicamente sobre la criptomoneda.

Otro punto de conflicto es la interpretación jurídica utilizada para descartar el delito de estafa. El juzgado consideró que, al tratarse de una memecoin, los inversores asumieron riesgos propios de un mercado especulativo. La PIA rechazó ese razonamiento y sostuvo que la falta de regulación de los criptoactivos no impide investigar posibles engaños. Su hipótesis es que la promoción presidencial del token habría funcionado como un mecanismo para generar confianza, captar inversiones y posteriormente retirar los fondos.

Los indicios de ocultamiento que busca investigar la fiscalía

El tercer eje del planteo reúne distintas situaciones que, para el organismo, justifican profundizar la pesquisa. Entre ellas mencionó el vaciamiento de cajas de seguridad vinculadas al imputado Mauricio Novelli y su entorno familiar, la eliminación de conversaciones de WhatsApp del teléfono de Sergio Morales y el borrado de chats con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” en el dispositivo de Novelli.

También señaló los reiterados ingresos de algunos de los principales investigados a la Casa Rosada en fechas cercanas al lanzamiento de la criptomoneda. Para Rodríguez, estos elementos podrían constituir señales de una concertación defraudatoria, aunque todavía no alcanzan para solicitar indagatorias ni para disponer sobreseimientos.

Con estos argumentos, la PIA pidió reabrir las actuaciones y asumir la acusación para continuar con la producción de pruebas. Si Martínez De Giorgi rechaza el planteo, solicitó que intervenga la Cámara Federal de Apelaciones. El escenario tendrá un cambio transitorio: el juez se tomará una semana de licencia y su juzgado quedará a cargo del magistrado Daniel Rafecas.

y presentó un recurso de apelación en subsidio para evitar el cierre definitivo del expediente.

La resolución impugnada fue firmada el 23 de octubre, después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara desvincular a los acusados al considerar que los hechos denunciados no constituían un delito. Sin embargo, la PIA sostuvo que el magistrado tomó una decisión apresurada, sin agotar las medidas de prueba y sin realizar una evaluación integral de los elementos incorporados a la investigación.

Las pruebas pendientes y el cuestionamiento al fallo

Uno de los principales argumentos del organismo apunta a que todavía existen peritajes financieros y tecnológicos sin completar. Según Rodríguez, algunos estudios de trazabilidad de los fondos no pudieron avanzar por falta de licencias informáticas en dependencias del Ministerio Público Fiscal. También cuestionó que no se buscaran alternativas para finalizar esas tareas.

La presentación advirtió que tampoco se agotaron las medidas vinculadas con la cooperación internacional. Estados Unidos había solicitado mayores precisiones para responder un pedido de asistencia jurídica, información que depende de pericias locales todavía pendientes, entre ellas el análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Además, reclamó que se cite a declarar a Nadia Beller, quien no fue consultada específicamente sobre la criptomoneda.

Otro punto de conflicto es la interpretación jurídica utilizada para descartar el delito de estafa. El juzgado consideró que, al tratarse de una memecoin, los inversores asumieron riesgos propios de un mercado especulativo. La PIA rechazó ese razonamiento y sostuvo que la falta de regulación de los criptoactivos no impide investigar posibles engaños. Su hipótesis es que la promoción presidencial del token habría funcionado como un mecanismo para generar confianza, captar inversiones y posteriormente retirar los fondos.

Los indicios de ocultamiento que busca investigar la fiscalía

El tercer eje del planteo reúne distintas situaciones que, para el organismo, justifican profundizar la pesquisa. Entre ellas mencionó el vaciamiento de cajas de seguridad vinculadas al imputado Mauricio Novelli y su entorno familiar, la eliminación de conversaciones de WhatsApp del teléfono de Sergio Morales y el borrado de chats con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” en el dispositivo de Novelli.

También señaló los reiterados ingresos de algunos de los principales investigados a la Casa Rosada en fechas cercanas al lanzamiento de la criptomoneda. Para Rodríguez, estos elementos podrían constituir señales de una concertación defraudatoria, aunque todavía no alcanzan para solicitar indagatorias ni para disponer sobreseimientos.

Con estos argumentos, la PIA pidió reabrir las actuaciones y asumir la acusación para continuar con la producción de pruebas. Si Martínez De Giorgi rechaza el planteo, solicitó que intervenga la Cámara Federal de Apelaciones. El escenario tendrá un cambio transitorio: el juez se tomará una semana de licencia y su juzgado quedará a cargo del magistrado Daniel Rafecas.

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