El gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema la demanda por la coparticipación

En el escrito judicial, presentado este viernes, se promueve una acción de amparo y se solicita que “se restablezca en forma inmediata el derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % en el Consenso Fiscal”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda en la cual “promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar” en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

En el escrito judicial del Gobierno porteño, presentado esta mañana a las 10.25, se solicita que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % originado en el Consenso Fiscal”.

Se pide que, “en consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.

En otro de los puntos de la presentación, se solicita que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020) del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél”.

El texto presentado por la Procuración de la Ciudad, firmado por María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa, pide que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%».

Asimismo solicita que se ordene «la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.

“Como medida cautelar y con sustento en lo normado por la ley 26.854, solicitamos se ordene la inmediata suspensión de los efectos – ejecutoriedad – del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020), así como de todos los actos administrativos que se hubieren dictado o se dicten en consecuencia”, se reclama en otra parte del escrito judicial.

En el texto presentado ante el máximo tribunal del país, que tiene una extensión de 97 páginas, se pide a la Corte que ordene «al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado y/o que altere el coeficiente de la CABA o disminuya los recursos correspondientes a la transferencia de competencias federales».

En los argumentos del escrito ante la Corte, la administración de Horacio Rodríguez Larreta explica que «el coeficiente asignado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya fuera el original de 1,4%, el mayor del que gozó de 3,75%, e incluso su reducción a 3,5% -en vigencia hasta el dictado del decreto 735/20- fue siempre establecido mediante el inevitable acuerdo de la CABA con el Estado Nacional, y goza además de ratificación legislativa».

En este sentido, se citan cinco convenios firmados entre la Ciudad y el Estado nacional para establecer los porcentajes de coparticipación del distrito.

«Permitir que el Estado Nacional modifique en forma unilateral en perjuicio de la CABA constituye una clara violación al régimen federal, a la autonomía de la Ciudad y al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias», resume el escrito.

También se señala que «el decreto cuya inconstitucionalidad se plantea sería el primero que fija de modo unilateral la alícuota de participación automática de la CABA», y se explica que «todos los anteriores coeficientes desde 1988 fueron producto de acuerdos».

En la fundamentación de su demanda, el Ejecutivo porteño señala que «resulta absolutamente inexacto y carente de sustento fáctico, como bien surge de la propia lectura del acto cuestionado, que el impacto presupuestario real de las funciones de seguridad asumidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivalgan a un 0,92%».

Esta aclaración surge porque en el último decreto que modifica el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, el Gobierno nacional le reconoce al distrito el 1.40% que recibía históricamente más un 0,92%, que según la administración de Alberto Fernández es el agregado que debe recibir por hacerse cargo de los servicios de seguridad.

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