Milagro Sala: «El Gobierno debe hacer acuerdos para liberarnos»

La líder de la Tupac Amaru se expresó así antes de la movilización convocada por La Cámpora para este sábado a la Corte Suprema de Justicia para reclamar su liberación por considerarla una «presa política».

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La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde 2016, reclamó al Gobierno que «antes de seguir trabajando o haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos» para liberarla a ella y otros dirigentes de la agrupación.

La dirigente social y política se expresó así antes de la movilización convocada por La Cámpora para este sábado al mediodía a la Corte Suprema de Justicia para reclamar precisamente su liberación por considerarla una «presa política».

«El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros», sostuvo Sala en declaraciones televisivas, al tiempo que pidió soluciones «políticas» para su situación.

En este sentido, remarcó que «tienen que hacer que se respeten las leyes de las provincia» porque «la Justicia no está funcionando democráticamente», y agregó: «No puede ser que después de cinco años y dos extensiones de la prisión preventiva, el Tribunal de Justicia de Jujuy no nos otorgue la libertad a los compañeros detenidos».

«Me detuvieron sin orden judicial. No tenemos condena firme. Tenemos que estar en libertad, queremos que alguien haga respetar la constitución de Jujuy», subrayó Sala e insistió: «Pedimos que el Gobierno de la Nación tome los recaudos suficientes para ver cómo se soluciona esto».

La dirigente sostuvo que a ella y otros dirigentes de la Tupac Amaru los «humillaron» como también a sus «familias, a la militancia y a los argentinos», y consideró que «viviendo en un gobierno nacional y popular, no se puede seguir así».

Además, aclaró que no habla con el presidente Alberto Fernández «para no comprometerlo» y comparó su situación judicial con la del ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Este sábado, distintas agrupaciones kirchneristas encabezadas por La Cámpora se concentrarán en el cruce de la avenida 9 de Julio y Alsina y marcharán desde allí hacia la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano bajo la consigna «Milagro Sala, 5 años presa política».

El secretario general de la agrupación kirchnerista y ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, fue uno de los dirigentes que difundió el llamado a la movilización a través de la red social Twitter.

El kirchnerismo ya había reclamado la excarcelación de Sala días atrás con una carta abierta firmada por funcionarios, dirigentes políticos y sociales de ese espacio que consideran que la líder de la Tupac Amaru es víctima de una «persecución política, judicial y mediática».

Bajo el título «Por una democracia sin presas y presos políticos», la carta señala como «autores políticos, intelectuales y judiciales» de la situación de Sala al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

La misiva fue firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y el líder de la CTEP y el Frente Patria Grande, Juan Grabois, entre otros.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 con prisión preventiva por una serie de acusaciones y en diciembre de ese año fue condenada a tres años de prisión en suspenso bajo el cargo de «instigación de daños agravados», durante un «escrache» contra Morales.

En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y tras un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Justicia jujeña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo tras argumentar que existía riesgo de «obstaculización» del proceso, al tiempo que ordenó que se cumpla con el dictamen de la ​CIDH sobre el arresto domiciliario.

Dos años después, en enero de 2019 la Corte dejó firme la condena de la dirigente, que poco después recibió otra condena, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de «fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos» destinados a la construcción de viviendas.

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