Carrió afirmó que el Gobierno apela a un «Estado autoritario»

La líder de la Coalición Cívica criticó el decreto que prohíbe reuniones sociales hasta el 16 de agosto, al afirmar que implica «un abuso de poder que viola derechos y libertades» contempladas en la Constitución.

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La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó el decreto que prohíbe reuniones sociales hasta el 16 de agosto, al afirmar que implica «un abuso de poder que viola derechos y libertades» contempladas en la Constitución, y le advirtió al Gobierno que la salida de la crisis sanitaria «es con responsabilidad colectiva e individual, no con un Estado autoritario y policíaco».

«El Gobierno pretende plantearnos una falsa dicotomía entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos que esa no es la salida», señaló Carrió en un texto firmado también por el bloque de diputados y la Junta Ejecutiva Nacional de la CC .

La fundadora de la CC y la plana mayor de ese espacio plantearon, además, que «la actual situación obliga a entender» que se debe «ir aprendiendo a convivir con el virus, como están haciendo otros países y ciudades del mundo», como también «poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades».

«La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un estado autoritario y policíaco», subrayó la dirigente chaqueña en el texto.

En ese contexto, la ex diputada, quien viene manteniendo un perfil bajo luego de que renunciar a su banca meses atrás, subrayó que el DNU anti-reuniones del Gobierno «es inconstitucional y de nulidad absoluta ya que abarca materia penal, expresamente prohibida por nuestra Constitución».

Al respecto, Carrió sostuvo que «con este decreto están instalando un Estado de Sitio de hecho» y que «implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades».

«Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y Pymes, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la Provincia de Buenos Aires», denunció el documento.

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