El Gobierno suspendió a más de 200 beneficiarios de Potenciar Trabajo por incompatibilidades

La decisión fue informada en el Boletín Oficial y se debería a que las personas figuran con empleo público.

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El Gobierno decidió suspender más de 200 beneficiarios de Potenciar Trabajo debido a una posible incompatibilidad con el empleo público.

A través de la Resolución 115/2024 publicada en el Boletín Oficial, informó sobre la cancelación del pago del salario social complementario que se le realizaba a 236 titulares inscriptos al Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social (Potenciar Trabajo) por irregularidades con las condiciones necesarias a cumplir para recibir el beneficio.

Según las normas del programa, la incompatibilidad de las personas sería porque figuran con empleo público en los distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, San Juan, San Luis, Neuquén, Santiago del Estero y La Pampa.

El secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, solicitó “identificar a las 236 personas de las que no obran datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), a los que corresponde suspender preventivamente en el marco de lo denunciado por una posible incompatibilidad”.

La suspensión provisoria del plan es por un plazo de tres meses y cumplido dicho periodo, “de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa”, precisó, en la Resolución, el área que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La detección de la irregularidad fue detectada por a Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), quien indicó a la cartera conducida por Sandra Pettovello que existían “oficios a través de los cuales se establecen las nóminas de personas detectadas en posible infracción de las normas vigentes que regulan” el plan Potenciar Trabajo.

Con estas nuevas 236 personas, ya son 22.501 los beneficiarios suspendidos del Potenciar Trabajo por el Ministerio de Capital Humano tras haber detectado irregularidades que no son compatibles con la condición de vulnerabilidad que deben presentar los integrantes del programa.

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