La oposición cargó contra Alicia Kirchner por el «pase sanitario» para asistir a la escuela

La gobernadora Alicia Kirchner firmó un decreto en el que se le exige al menos una dosis a todos los alumnos mayores de 4 años. Quienes no estén inoculados, seguirán sus estudios con clases presenciales. 

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Tras el repudio por la aplicación del pase sanitario en las escuelas de Santa Cruz, la oposición de esa provincia reclamó que la gobernadora Alicia Kirchner dé marcha atrás con la resolución, que obliga a los alumnos a tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus para ingresar a las aulas.

La diputada por la provincia de Santa Cruz Roxana Reyes, la senadora María Belén Tapia y legisladores provinciales se pronunciaron al respecto, y pidieron que se “garantice en forma efectiva, el pleno derecho a acceder al curso lectivo 2022 con plena presencialidad, a todas las niñas y niños y adolescentes”.

“De acuerdo a la ley 26061 y de la Convención Internacional de Derechos del Niño, siendo la vacuna contra el virus Covid19, una vacuna no obligatoria, que no integra el calendario anual, solicitamos que no se ejecute lo dispuesto en la resolución 147 del 4 de febrero de 2022”, argumentó la diputada Reyes a través de sus redes sociales.

Y continuó: “La histórica defensa del derecho al acceso a la educación, en Argentina, ha logrado desde hace muchos años, que no se admita ninguna práctica discriminatoria, ni impedimento burocrático que afecte la igualdad de todos los niños y niñas a recibir educación de la forma más integral”.

Desde el Gobierno provincial argumentan que los alumnos no vacunados no perderán sus clases, ya que para ellos se dispuso la continuidad de la educación virtual.

La medida se confirmó a través de la Resolución 0146/22, en la que se decidió que “los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Gestión Pública y Gestión Privada deberán contar con el inicio del esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2”.

En este sentido, desde la oposición consideraron: “La aplicación de la resolución 146 configuraría un acto lesivo para los derechos de las personas menores de edad. La condición de la infancia santacruceña no debe ser de menor calidad y de menor cumplimento de sus derechos que las infancias del resto del país”.

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