Los riesgos que enfrenta Caputo por las valuaciones de las empresas que busca privatizar

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca acelerar la obtención de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.

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El proceso de privatización de empresas estatales impulsado por el Gobierno de Javier Milei enfrenta cuestionamientos en torno a los mecanismos utilizados para determinar el valor de algunos de los activos que serán licitados. Entre las principales críticas aparece la decisión de avanzar con valuaciones reservadas y el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación en determinados procesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca acelerar la obtención de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, especialistas en derecho administrativo advierten que el mecanismo elegido para establecer los valores de las empresas podría abrir nuevos frentes de conflicto jurídico y afectar el interés de potenciales inversores.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de AySA. Distintas estimaciones ubicaron en torno a los USD 500 millones el valor de referencia para la compañía sanitaria, una cifra que fue cuestionada por sectores que consideran que podría no reflejar adecuadamente el valor de los activos involucrados.

Según los cuestionamientos, una valuación que sea percibida como demasiado baja podría afectar la competencia en las licitaciones. El argumento es que algunos fondos institucionales podrían evitar participar de operaciones que consideren expuestas a cuestionamientos de transparencia o a eventuales conflictos posteriores.

El riesgo de futuros conflictos judiciales

Otro de los puntos planteados por los críticos del proceso está relacionado con la seguridad jurídica de los contratos. La preocupación es que, ante un eventual cambio de gobierno, una privatización cuestionada por su procedimiento o por el precio de venta pueda convertirse en objeto de revisiones administrativas o judiciales.

Desde esta perspectiva, el problema no estaría limitado al precio obtenido por cada empresa, sino también a las condiciones bajo las cuales se concrete la operación. La existencia de controversias posteriores podría incrementar la percepción de riesgo de los activos argentinos y dificultar futuras inversiones.

Los cuestionamientos también apuntan al nivel de transparencia de las tasaciones. Los fondos institucionales y otros grandes inversores suelen aplicar estrictos criterios de cumplimiento y gobernanza antes de participar en operaciones de este tipo. Una licitación rodeada de dudas podría, según esta visión, reducir la cantidad de oferentes interesados.

La posibilidad de investigaciones judiciales

El frente más sensible podría aparecer en el ámbito judicial. Los críticos del esquema advierten que, si eventualmente se comprobara que una empresa estatal fue vendida por un valor considerablemente inferior al que correspondía y que existieron irregularidades en el procedimiento, podrían surgir investigaciones sobre la actuación de los funcionarios involucrados.

Entre las figuras jurídicas que podrían ser analizadas en un eventual proceso se mencionan la administración fraudulenta y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque la existencia de un delito dependería de las circunstancias concretas de cada operación y de las pruebas que pudieran reunirse.

El antecedente de las privatizaciones de los años 90

Las advertencias también recuperan el antecedente de las privatizaciones realizadas durante la década de 1990. Aquellos procesos fueron posteriormente objeto de investigaciones y causas judiciales vinculadas, entre otros aspectos, a las condiciones de las operaciones y a las valuaciones de determinados activos.

Ese antecedente es utilizado por los críticos para señalar que las eventuales consecuencias legales de una privatización pueden extenderse durante muchos años y alcanzar a funcionarios incluso después de haber dejado sus cargos.

En ese contexto, el debate sobre las valuaciones trasciende la necesidad inmediata de obtener recursos para el Estado. Para el Gobierno, el desafío consiste en concretar las privatizaciones y conseguir inversiones sin que las condiciones de los procesos generen cuestionamientos capaces de afectar su validez, su atractivo para los inversores o su estabilidad jurídica en el futuro.

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