Riesgo en Higiene y Seguridad: por qué se vetó de forma parcial la ley aprobada en la Ciudad

El Gobierno porteño anuló artículos centrales de la norma que abría la posibilidad a un doble control sin coordinación de la actividad profesional.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el veto parcial de la ley que regula el ejercicio profesional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, una norma que también preveía la creación de un nuevo colegio profesional en el ámbito porteño. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 16/26, fechado el 14 de enero de 2026, y alcanza artículos centrales del texto sancionado por la Legislatura.

El veto coincidió con las advertencias que venía realizando el Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ), que había cuestionado la ley por los riesgos de doble matriculación, la debilidad en los controles profesionales y la indeterminación de incumbencias, con posibles consecuencias sobre la seguridad pública.

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Desde la entidad remarcaron que la decisión del Ejecutivo valida las objeciones planteadas durante el debate legislativo. La presidenta del CPIQ, Marcela De Luca, celebró el alcance del veto y sostuvo: “Es un triunfo rotundo de la calidad técnica y la labor ad honorem en pos del interés público. La ley original presentaba graves problemas de seguridad jurídica y generaba una indeterminación normativa sustancial, poniendo en riesgo la doble matriculación obligatoria para profesionales ya registrados”.

Riesgos de superposición y control débil

Uno de los puntos centrales alcanzados por el veto es el artículo 3, que definía de manera amplia quiénes podían ser considerados “Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. El texto incluía auxiliares universitarios, títulos intermedios y personas con cursos de posgrado, sin establecer una delimitación clara de responsabilidades ni una articulación precisa con los regímenes profesionales ya existentes.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo advirtió que esa redacción podía derivar en incertidumbre jurídica, superposición de matrículas y un esquema de doble control sin coordinación, lo que atentaba contra la razonabilidad del sistema. Desde el CPIQ señalaron que el veto parcial “confirma que las objeciones planteadas eran institucionales” y recordaron que De Luca había alertado en entrevistas radiales que la ley, tal como fue aprobada, “debilitaba la autoridad de aplicación y abría zonas grises en actividades que comprometen la seguridad de las personas”.

Otro aspecto sensible señalado por el Ejecutivo fue la ausencia de mecanismos de reconocimiento y coordinación con los consejos profesionales creados por ley, que ya ejercen control sobre profesionales con títulos de grado e incumbencias definidas por normativa nacional. “Cuando dos entidades pueden matricular y controlar la misma actividad, el riesgo es que, en la práctica, nadie controle de manera efectiva”, había advertido De Luca antes de que se oficializara el veto.

Potestad disciplinaria y seguridad pública

El decreto también objetó el intento de extender la potestad disciplinaria del nuevo colegio a personas no matriculadas, una atribución que el propio Ejecutivo consideró incompatible con la naturaleza jurídica de los entes públicos no estatales y contraria a los principios básicos del derecho disciplinario. Según la resolución, esa ambigüedad podía afectar el derecho a trabajar y generar un escenario de sanciones cruzadas sin reglas claras.

Desde el CPIQ subrayaron que el debate excede lo técnico y que el control del ejercicio profesional en Higiene y Seguridad es un factor crítico. Las tareas vinculadas a la prevención de riesgos, la seguridad industrial y el control ambiental —advirtieron— “no admiten esquemas laxos ni figuras sin incumbencia plena”, ya que involucran directamente la integridad física de trabajadores y ciudadanos. En ese marco, añadieron: “El Gobierno porteño entendió esta problemática y actuó con prudencia”.

El veto parcial no deroga la ley en su totalidad, pero elimina los artículos que, según el propio Ejecutivo, impedían una reglamentación razonable y compatible con el ordenamiento jurídico vigente. En los fundamentos se señala que cualquier regulación futura deberá basarse en incumbencias profesionales claras y en el reconocimiento de los sistemas de matriculación ya existentes, un punto que el CPIQ sostuvo desde el inicio del debate.

“Destacamos y agradecemos la apertura y sensatez de las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que supieron escuchar la postura del Consejo en su sólida presentación, demostrando un compromiso con el bienestar general y el marco legal de la jurisdicción”, señalaron desde la entidad. La discusión ahora regresa a la órbita legislativa, con un dato político relevante: el propio Ejecutivo porteño reconoció, por escrito, que el diseño original de la ley presentaba riesgos concretos para la seguridad jurídica y el control del ejercicio profesional.

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