Denuncias de fraude y violencia sacuden las elecciones de la UOM en Zárate-Campana

Las acusaciones apuntan al proceso que buscaba la reelección del secretario general del gremio, Abel Furlán.

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Las elecciones internas de la Unión Obrera Metalúrgica se vieron envueltas en un fuerte escándalo tras denuncias de violencia, irregularidades y presunto fraude durante los comicios realizados en la seccional Zárate-Campana. Las acusaciones apuntan al proceso que buscaba la reelección del secretario general del gremio, Abel Furlán.

Lo que debía ser una jornada electoral sindical derivó en un conflicto judicial. La oposición, representada por la Lista Naranja, impulsó acciones legales para intentar frenar la asunción de las autoridades electas, al considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades.

En la jurisdicción de Zárate-Campana se tramita una causa penal por hechos ocurridos entre el 2 y el 3 de marzo. Según presentaciones realizadas por el apoderado Diego Castillo, durante la votación se habrían producido intimidaciones y amenazas contra fiscales opositores.

Entre los episodios denunciados figura un supuesto hostigamiento con armas de fuego protagonizado por el directivo sindical Jeremías Colella contra el fiscal de la lista opositora, Cristian Monzón, a quien habría intentado expulsar del lugar.

También se señaló que varios de estos hechos habrían ocurrido frente al veedor del Ministerio de Capital Humano, Facundo Campos. Según la denuncia, el miembro de la Junta Electoral Francisco Tapia habría negado a los fiscales opositores información sobre el recorrido de las urnas volantes.

De acuerdo con los denunciantes, se registraron además daños a más de 20 urnas y la llegada de algunas de ellas con precintos violados o abiertas. Ante la imposibilidad de ingresar a la sede sindical, los apoderados convocaron a un escribano para dejar constancia de lo ocurrido.

Otro de los puntos cuestionados es la presunta modificación de los padrones. Según la oposición, algunos fiscales no pudieron votar porque sus nombres no figuraban en las listas, pese a haber sido habilitados previamente por la Junta Electoral.

Los denunciantes también señalaron la presencia de grupos identificados como barras bravas y una supuesta intervención irregular de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que habría impedido el acceso de fiscales al lugar donde se realizaba el escrutinio.

En paralelo, el conflicto llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se presentó un recurso directo que solicita la anulación total de los comicios por presunta manipulación de padrones y falta de transparencia en la custodia de los votos.

El planteo fue impulsado por el abogado Santiago Arrizabalaga, quien sostiene que la voluntad de los afiliados fue alterada por irregularidades en el proceso electoral.

En medio de esta crisis sindical, también se sumaron cuestionamientos a la conducción nacional del gremio por un convenio firmado en 2023 con la empresa USEM SA. Mediante ese acuerdo, la firma privada habría quedado a cargo de administrar fondos del sindicato a cambio de una comisión del 0,5% de la recaudación.

Entre los accionistas de esa compañía figuran Raúl Branconi y María Soledad Calle, esta última vinculada políticamente al espacio La Cámpora.

Con una causa penal abierta en el norte bonaerense y otra en la justicia laboral de la capital, la conducción de Furlán atraviesa una de las crisis más profundas dentro del sindicato metalúrgico. Las resoluciones judiciales podrían definir si los comicios quedan firmes o si deben repetirse.

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