Ferrocarriles: versiones sobre vínculos políticos detrás del desembarco de un nuevo actor en el sector

En julio de 2023 la firma rusa Transmashholding (TMH), que contaba con participación minoritaria de la francesa Alstom, habría avanzado en la venta de activos estratégicos en el país.

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El ingreso del empresario Augusto Marini al negocio ferroviario generó interrogantes en el sector, donde circulan versiones sobre posibles vínculos políticos que habrían facilitado su desembarco durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.

Según fuentes de la industria, en julio de 2023 la firma rusa Transmashholding (TMH), que contaba con participación minoritaria de la francesa Alstom, habría avanzado en la venta de activos estratégicos en el país. La operación incluyó talleres y hangares ferroviarios en distintas provincias.

De acuerdo con estas versiones, la transferencia de acciones se habría realizado bajo reserva y con escasa información pública sobre los montos involucrados. Tras la operación, la compañía pasó a denominarse Motora Argentina S.A., con Marini como nuevo actor en el sector.

En ámbitos ferroviarios, algunos actores sostienen que el proceso habría contado con impulso desde sectores del oficialismo de entonces, aunque no existen confirmaciones oficiales sobre la intervención directa de funcionarios. “Alguien con peso político habría facilitado su ingreso al negocio”, señalaron fuentes consultadas.

El tema volvió a cobrar relevancia en la actual gestión, encabezada por Javier Milei, a partir de decisiones vinculadas a la operación ferroviaria. En particular, se menciona la adjudicación de contratos en la línea San Martín, en un proceso que fue cuestionado por su celeridad.

La compulsa estuvo bajo la órbita de Trenes Argentinos, conducida por Sebastián Giorgetti. En el sector, algunas fuentes señalan que el avance de Marini en estas instancias habría contado con respaldo interno, aunque estas afirmaciones no fueron corroboradas oficialmente.

En paralelo, también se menciona la influencia de colaboradores cercanos a la conducción de la empresa estatal en la articulación de estos procesos, en un contexto donde distintos actores reclaman mayor transparencia en las adjudicaciones.

De este modo, el caso expone tensiones persistentes en el sistema ferroviario argentino, donde empresarios, operadores y sectores políticos mantienen una fuerte interrelación. Mientras tanto, persisten los interrogantes sobre los mecanismos de acceso a un negocio que mueve cifras millonarias y resulta clave para la infraestructura del país.

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