Diputados bonaerenses rechazaron la acusación de encubrimiento en el caso «Chocolate» Rigau

Las autoridades del cuerpo cuestionaron que se pretenda avanzar penalmente contra legisladores por sus votos. «Inadmisible», expresaron. 

---

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires respondió a la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y defendió el procedimiento mediante el cual fueron archivadas actuaciones administrativas vinculadas con la investigación por el caso de Julio “Chocolate” Rigau. El magistrado había denunciado a autoridades del cuerpo por presunto encubrimiento luego de que la Legislatura no entregara documentación requerida por la Justicia.

A través de un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y los presidentes de los bloques políticos, el cuerpo sostuvo que actuó “ajustado a derecho” y que colaboró con la Justicia. Según explicaron, la decisión de archivar expedientes estaba contemplada en el reglamento de la Cámara desde 2002 y fue aprobada por más de dos tercios de los diputados el 28 de mayo de 2026.

Balaearon al custodio de una ministra de Milei: quién es la funcionaria y qué pasó

Otro de los puntos más fuertes del comunicado estuvo relacionado con la actuación de los legisladores. “Resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, sostuvieron las autoridades de la Cámara, que citaron el artículo 96 de la Constitución bonaerense para respaldar su posición.

La Cámara remarcó que esa resolución fue adoptada casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó formalmente el 19 de agosto. Por ese motivo, rechazó que haya existido un ocultamiento de pruebas para impedir el avance de una investigación. Además, señaló que la votación fue pública, se realizó durante una sesión y quedó registrada en los archivos de la Legislatura.

En el comunicado, las autoridades también buscaron diferenciar los expedientes mencionados en el requerimiento judicial. Según la Cámara, las actuaciones archivadas no correspondían a la causa principal contra Julio Rigau, sino a otro expediente identificado como “Rodríguez”, relacionado con una investigación por hurto. La Legislatura sostuvo que ambos procesos deben ser analizados de manera independiente.

Respecto de la causa Rigau, el cuerpo afirmó que aportó información solicitada por la Justicia y destacó que la investigación avanzó hasta llegar a la etapa de juicio, con personas privadas de su libertad. Con ese argumento, rechazó que exista una conducta institucional destinada a impedir el desarrollo del expediente relacionado con el denominado caso “Chocolate”.

Otro de los ejes de la respuesta estuvo vinculado con las garantías constitucionales de los legisladores. La Cámara citó el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que establece la protección de las opiniones y votos emitidos por diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones. En ese marco, sostuvo que no corresponde perseguir penalmente a legisladores por las decisiones adoptadas mediante votaciones parlamentarias.

La Cámara también planteó que la división de poderes requiere respetar las atribuciones y límites constitucionales de cada órgano del Estado. En ese sentido, sostuvo que los mecanismos de control entre poderes no deben utilizarse para condicionar el funcionamiento de otro, aunque reconoció que ninguna facultad institucional puede emplearse para impedir investigaciones judiciales que correspondan.

«Esperamos que cumplan los tratados»: el Gobierno sobre la reunión de Chile con empresarios de Malvinas

La denuncia de Atencio abrió una investigación separada de la causa original y quedó en manos de la UFI 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. El juez había recurrido a la Justicia después de que la Cámara archivara documentación que la fiscal Betina Lacki había solicitado para determinar quiénes habían propuesto las designaciones de empleados cuyos haberes eran retirados mediante tarjetas utilizadas por Rigau.

---