El mercado obligatorio que quedó en manos de privados tras la salida del INTI

El debate se instaló luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rechazaran cuestionamientos sobre el nuevo sistema.

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La salida progresiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de las tareas de verificación y certificación de surtidores abrió paso a un esquema en el que empresas privadas acreditadas pueden prestar un servicio que continúa siendo obligatorio para las estaciones de servicio.

El debate se instaló luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rechazaran cuestionamientos sobre el nuevo sistema. Sin embargo, el eje de la discusión no pasa por la relación personal de los funcionarios con los empresarios vinculados a las firmas habilitadas, sino por la organización del mercado que quedó conformado tras los cambios regulatorios.

La obligación de realizar controles sobre los surtidores no fue eliminada. La Resolución 276/2024 habilitó la intervención de laboratorios privados acreditados, mientras que la Resolución 213/2025 dispuso que el INTI dejara de realizar de manera progresiva verificaciones y certificaciones.

De esta manera, las estaciones de servicio deben continuar cumpliendo con los controles establecidos, aunque ahora pueden recurrir a prestadores privados habilitados dentro del nuevo esquema regulatorio.

Entre las empresas autorizadas se encuentra Lenor, que fue reconocida en diciembre de 2024 para realizar verificaciones primitivas y periódicas de surtidores. Posteriormente, en mayo de 2025, recibió autorización para intervenir también en la aprobación de modelos. Weisz Instrumentos, por su parte, fue habilitada para realizar verificaciones primitivas y periódicas.

El sistema no implicó una licitación pública tradicional, ya que el Estado no contrató ni concesionó directamente el servicio. El cambio se produjo a través de modificaciones normativas y habilitaciones para que laboratorios privados pudieran realizar tareas que anteriormente estaban a cargo del INTI.

Esto no implica, por sí mismo, la existencia de un delito o de una adjudicación direccionada. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el funcionamiento del mercado, entre ellos cuántas empresas se encuentran habilitadas, cuáles son las tarifas que cobran y cómo se distribuyen las verificaciones entre los distintos prestadores.

Lenor, además, ya había mantenido vínculos institucionales con funcionarios del Ministerio de Economía. Integrantes de la cartera visitaron sus instalaciones y se reunieron con representantes de la empresa. Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, firmó disposiciones vinculadas con la habilitación y posterior ampliación de las actividades de la compañía.

El volumen económico del mercado tampoco cuenta, hasta el momento, con una cifra oficial consolidada. Una estimación basada en alrededor de 45.000 puntos de carga y valores de entre $75.000 y $100.000 por control ubicaría el mercado potencial entre $3.400 millones y $4.500 millones.

Se trata de una proyección y no de una facturación comprobada de una empresa en particular. El monto final también podría variar según la necesidad de nuevas verificaciones, reparaciones, viáticos y otros servicios asociados.

En ese contexto, las principales dudas apuntan a conocer cuál era el costo que tenía para el Estado el sistema anterior, qué ahorro fiscal generó la salida progresiva del INTI y cómo funciona actualmente el registro de prestadores privados.

También queda pendiente información sobre las tarifas aplicadas, la cantidad de controles realizados y la participación de cada empresa dentro del mercado que surgió tras la modificación del esquema de verificaciones.

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