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viernes, 6 de  julio de 2018

No ingresarán más empleados públicos hasta 2019

No ingresarán más empleados públicos hasta 2019

La medida alcanza a organismos descentralizados pero exceptúa a las universidades, el Conicet, el personal del servicio exterior, las Fuerzas Armadas y de seguridad. 


Como parte del plan de reducción del gasto público, el Gobierno decretará el congelamiento del ingreso de empleados públicos a cualquier organismo estatal hasta después del término del mandato de Mauricio Macri. Esta medida forma parte de 10 acciones que se tomarán para el ahorro de más de $20.000 millones como la reducción de viajes para funcionarios y la suspensión de compra de vehículos oficiales, entre otras.

El cese de contrataciones quedará efectivo apenas se publique en el Boletín Oficial, que será entre este viernes y comienzos de la próxima semana, aseguraron fuentes oficiales a Clarín. Se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2019, veinte días después del fin del mandato presidencial y alcanzará no sólo a ministerios sino que también a organismos descentralizados como PAMI, ANSES, o AFIP, entre otros.

No habrá distinciones de cargos, ya que la restricción será para “cualquier modalidad de empleo o contratación”. Habrá excepciones “autorizadas” para las universidades, Conicet, personal del servicio exterior, Fuerzas Armadas y de seguridad. El decreto no congelará los concursos que estén en marcha o nuevos, pero internos como los de la alta dirección; los habilitados por la Ley de Presupuesto para reponer vacantes; los cargos previstos en “estructuras orgánico-funcionales” y si hay “criticidad profesional o técnica, con riesgo operativo, previo agotamiento de búsqueda interna y autorización extraordinaria del Ministerio de Modernización/Jefatura de Gabinete”.

A nivel general, estas medidas ya fueron adelantadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de la cartera de Modernización, Andrés Ibarra, cuando anunciaron que la proyección de ahorro es de $ 20.408 millones. 

Hasta fines del 2019, las diferentes entidades del Gobierno deberán “reducir un 30% de los gastos de movilidad, viáticos, comidas y horas extras” mientras que prevén que en Hacienda se podrá “limitar todavía más ese porcentaje, aunque en realidad, la reducción de gastos es todavía mayor porque ese porcentaje es a valor nominal y no tiene incorporada la inflación”.

En la misma línea, el mismo porcentaje de ajuste se aplicará para los viajes al exterior. No habrá viajes en “clase ejecutiva” para funcionarios de menor rango a ministro. Una fuente oficial contó:  “La idea original era publicar un ranking de viajes por organismo y funcionario, pero habrá que ver si eso se concreta”

A su vez, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público tendrá la tarea de analizar todo tipo de bonificación o premio vigente y de establecer su “pertinencia, alcance e impacto presupuestario” al tiempo que todo beneficio nuevo será suspendido hasta fines de 2019.
Por otra parte, se relevarán los vehículos que tiene a su disposición el Estado para el traslado de funcionarios “con rango hasta secretario de Estado”, dijo una fuente oficial. Los autos que no se usen se venderán y los choferes “tendrán la posibilidad de capacitarse en el INAP para ejercer otro puesto de trabajo en la Administración Pública”, publicó Clarín. Postergarán para después de 30 días el proceso de compra de vehículos que se encuentren en trámite  hasta reacomodar la flota.
Habrá una revisión por parte de la Jefatura de Gabinete de las estructuras de los entes descentralizados y concentrados en un plazo de 90 días con el fin de reducir el gasto en una cifra mayor al 25% en un plazo de 90 días.

Por último, las empresas del sector público deberán reportar su planificación de gastos de personas mientras que los directores que ejercen otras funciones públicas deberán optar por uno de sus cargos y cobrar sólo uno de esos salarios. Se invitará, además, “a las provincias y municipios a adoptar medidas similares”.


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