Reforma portuaria: Milei suspendió los cambios tras el conflicto con los gremios
Según señalaron, la medida impacta también en los intereses de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y de la agroexportadora Louis Dreyfus Company (LDC).
Fuentes del sector marítimo afirmaron que la suspensión de la reforma portuaria representa un nuevo revés para la estrategia de desregulación impulsada por el Gobierno en la actividad fluvial y marítima. Según señalaron, la medida impacta también en los intereses de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y de la agroexportadora Louis Dreyfus Company (LDC), que respaldaban los cambios promovidos por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con referentes de la actividad, el antecedente más cercano se remonta al DNU 340/2025, que habilitó de manera transitoria el uso de barcazas paraguayas entre el 1 y el 15 de agosto de 2025. En ese marco, indicaron que la terminal de Santa Elena comenzó a operar bajo ese esquema, considerado por algunos actores del sector como un primer paso hacia una mayor desregulación del transporte fluvial.
Sin embargo, voceros gremiales señalaron que la medida derivó en acciones sindicales y en una presentación judicial que concluyó con una cautelar suspendiendo la aplicación del decreto. Posteriormente, el Congreso rechazó el DNU, lo que dejó sin efecto la iniciativa.
Según fuentes vinculadas al sector, tras ese episodio el Gobierno avanzó con modificaciones en el régimen de practicaje. No obstante, indicaron que esas medidas también fueron suspendidas mediante un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, luego del conflicto que afectó la operatoria portuaria en el Gran Rosario.
Las mismas fuentes sostuvieron que la protesta gremial provocó demoras en la actividad de más de un centenar de buques agroexportadores, lo que generó preocupación por el impacto sobre las exportaciones y el ingreso de divisas.
Desde distintos sectores de la actividad consideran que la decisión del Gobierno refleja las dificultades para avanzar con reformas estructurales en el sistema portuario mediante decretos, en un escenario atravesado por la resistencia sindical y las diferencias entre los distintos actores de la cadena logística.
Hasta el momento, el Gobierno no difundió una evaluación oficial sobre las consecuencias políticas de la suspensión de la reforma, mientras que los sectores involucrados mantienen posiciones contrapuestas respecto del alcance y la conveniencia de los cambios propuestos.
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