Procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

En total, fueron encausadas 19 personas, entre exfuncionarios, empleados del organismo y particulares, acusados de haber intervenido con distintos roles en la maniobra.

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El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, lo señaló como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que habría operado dentro del organismo.

En el mismo fallo, Casanello procesó como coautores y presuntos líderes de la organización a Daniel Garbellini, exsubdirector de la Andis; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de droguerías y con antecedentes en distintas gestiones políticas. Según la investigación, Calvete y Atchabahian habrían ejercido un control externo sobre la Agencia en coordinación con funcionarios jerárquicos, a través de licitaciones direccionadas y sobreprecios.

En total, fueron procesadas 19 personas, entre exfuncionarios, empleados del organismo y particulares, acusados de haber intervenido con distintos roles en la maniobra. De acuerdo con el fallo, durante los primeros meses de la actual gestión nacional se montó “un entramado de corrupción institucional” que tuvo como eje el funcionamiento irregular de la Andis.

El juez sostuvo que la Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento” para los integrantes de la organización, en perjuicio de su finalidad pública, vinculada a la protección y asistencia de personas con discapacidad.

Casanello advirtió además que la investigación podría ampliarse, al señalar que existen indicios de que el esquema delictivo no se limitó a los hechos probados hasta el momento y que podría involucrar “otro nivel de complicidades”, tanto dentro del organismo como en otras áreas. En ese sentido, remarcó que la magnitud de los negocios y las cifras involucradas sugieren que no se trató de hechos aislados.

La causa se inició en agosto del año pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en publicaciones periodísticas. En ese contexto, trascendieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionaban presuntas maniobras de corrupción y supuestas advertencias al presidente Javier Milei. Sin embargo, tanto el fiscal Franco Picardi como el juez Casanello aclararon que esas grabaciones no fueron incorporadas como prueba en el expediente.

Las defensas de los imputados cuestionaron la validez de la investigación y solicitaron la nulidad de la causa, argumentando el origen ilícito de los audios. No obstante, el magistrado rechazó esos planteos en la misma resolución en la que dictó los procesamientos.

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